Por Avatar
En España está pasando algo muy grave. Se está produciendo un acelerado divorcio entre la sociedad y sus sectores artísticos/creativos. Lo vemos cada vez más plasmado en el eterno problema del cine de nuestro país, que adolece de una falta de instinto industrial y de talento que sólo sabe escudarse en unas subvenciones que, ahora que amenazan con no llegar, van a dejar en dique seco a más de uno (y dos, y tres...).
Hace años también que venimos padeciendo la letanía lastimera de los artistas musicales, lamentables casi todos ellos, con una capacidad musical muchas veces bochornosas, chabacanas y salidas del concepto de clan, caterva o banda, pero no del talento, la musicalidad o la osadía. ¡Pero si hasta los cantautores antisistema explotan el mismo circuito comercial que un Bisbal cualquiera!
El caso es que no dejan de buscar la razón de su cutrez, mediocridad y cateta existencia profesional en todas partes menos en su propio redil. Jamás había visto una clase artística menos autocrítica, más complaciente y afincada en el derecho de autor. No se plantean que la gente compre masivamente sus trabajos en el top manta porque sencillamente no merecen los 18 o más euros del mercado legal. Y luego tienen los santos huevos de ir a la fiesta del Partido Comunista para fardar de andrajosos (de diseño, claro).
¿Es que no tienen suficiente con el canon digital, con la persecución de los esbirros de la SGAE a los recién casados en su crucero al Caribe y el surrealismo jurídico que están provocando? No se llenan bien los bolsillos Ramoncín o Gurruchaga sin dar palo al agua (¿cuándo sacaron el último disco de su carrera?), sólo con la especulación del trabajo de otros? ¿Cómo no se les puede caer la cara de vergüenza, sobre todo cuando van de activistas del buen rollito? Se ve que no, porque sus amigos del Gobierno ya han propuesto el paso definitivo: solapadas dentro de la metafísica "Ley de economía sostenible" (flípalo), nos cuelan una
serie de medidas que, en resumen, se saltan el poder judicial y permiten al Ejecutivo la toma de medidas contra los espacios de Internet que faciliten el compartir archivos con copyright. No, no basta con que ya paguemos el canon que, en teoría, nos debería dar permiso para forrarnos la pared de copias para uso personal, ahora se dedican a crear inseguridad jurídica para satisfacer sus diminutos egos sobrealimentados.
Que no les extrañe, pues, que la sociedad civil, harta de sentirse criminalizada, se vaya separando de esta presunta élite creativa y llene salas para ver películas de ultramar o se compren los discos en la manta. Lo que sí me alarma es que un Gobierno permita que en este país padezcamos de las peores conexiones a Internet al mayor precio y encima nos cargue con el sueldo de los que no saben trabajar. ¿Por qué no tratan eso, o sacan de esa explotación a nuestros bolsillos el dinero que quieren los Ramoncines? Porque siempre se trata de eso, de dinero.
Por ello, El Opinómetro suscribe el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet que han copado muchas webs y blogs en esta jornada. Nunca olvidéis lo que nuestros abuelos aprendieron: las libertades no nos vienen dadas de arriba, sino que tenemos que ganárnoslas con el sudor.
Difundid cuanto podáis estos puntos que dicen así:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
